Europa sigue adelante con su ambicioso plan de convertirse en la región del mundo más sostenible, al menos sobre el papel y si se atiende al goteo de nuevas normas que van a apareciendo en todos los sectores. La energía concentra gran parte de ese esfuerzo, en concreto cómo mejorar su eficiencia, para cumplir con el objetivo del 20% de eficiencia energética en 2020.
El último paso en este camino ha sido adaptar el sello energético para electrodomésticos a los edificios. La norma europea que pone nota a lavadoras y frigoríficos en función de su gasto energético se adaptará a la venta de viviendas. A partir del 1 de enero de 2013, el mercado de la vivienda nueva y usada deberá incluir este sello de forma obligatoria. El Código Técnico de la Edificación aprobado en 2006 ya incluía esta medida, pero se limitaba a la venta de edificios nuevos.
La novedad de la nueva norma es que se amplía al alquiler y a la venta de viviendas nuevas y usadas, con excepción de los edificios y monumentos protegidos, lugares de culto y edificios cuyo periodo de alquiler sea inferior a cuatro meses.
A partir de enero de 2013, el candidato a la compra o alquiler de una vivienda deberá mirar el espacio con nuevos ojos y atender a premisas hasta ahora muchas veces ignoradas, como el aislamiento, la calidad de la iluminación o la orientación del inmueble para el máximo aprovechamiento de la luz solar. En función de varios indicadores, la vivienda obtendrá una calificación de la A, la máxima eficiencia, a la G, la peor nota, como si se tratase de una lavadora.
La medida añade presión al maltrecho mercado inmobiliario, en plena sequía de operaciones de compra y cuando los precios aún no han tocado fondo desde la explosión de la burbuja inmobiliaria. Ajena a la coyuntura de cada país, la Comisión Europea ha fijado esta nueva exigencia con vistas a reducir el despilfarro de energía en los edificios, que suponen el 60% del gasto energético de todos los sectores de actividad.
Hasta ahora, la exigencia de atender a la eficiencia energética de un edificio solo correspondía a los promotores de vivienda nueva. A partir de enero, cualquier particular que ponga su casa en venta o alquiler deberá seguir una serie de trámites para asesorarse sobre el estado de su casa antes de anunciarla en el mercado. La medida impone a los propietarios un doble gasto: el correspondiente al certificado, que en países como Italia se ha calculado en unos 250 euros para una vivienda de 100 metros cuadrados; y en caso de sanción, la multa por no respetar este trámite puede ascender hasta 1.500 euros. El precio de esta acreditación será libre y dependerá de la oferta y de la demanda.
La clave de la nueva norma será calcular la eficiencia de una vivienda. Para ello, un equipo técnico estudiará características como la envolvente del edificio, los cerramientos, la iluminación o la generación de calor. Una simulación informática valorará el consumo de energía. Una mala nota influirá en el precio final y obligará a los propietarios que hayan obtenido peores calificaciones a llevar a cabo mejoras en sus instalaciones para obtener una mejor valoración.
Las peor valoradas serán, como apuntan los expertos, las casas construidas antes de la entrada en vigor del Código Técnico de Edificación, en 2006, cuando la eficiencia energética aún no había entrado en las inquietudes del mercado. A los propietarios de estos inmuebles no les quedará más opción que adelantarse y rehabilitar sus pisos si quieren lograr colocarlos a un buen precio. Una casa valorada como A, la más elevada en el nuevo certificado, ahorra entre un 20% y un 30% en sus facturas respecto a una calificada como G, de modo que la inversión por hacer más eficiente la vivienda se recupera en unos cinco años, según los expertos.
La medida impone tanto al propietario como al inquilino o comprador informarse mejor sobre aspectos hasta ahora ignorados que al final repercutirán en la rebaja de los recibos de la luz.
La normativa europea para mejorar la eficiencia energética en edificios llevaba cocinándose desde 2002, cuando Bruselas aprobó la directiva que instaba a incluirla en el mercado de vivienda de segunda mano. No fue hasta 2007 cuando se introdujo en España, pero solo afectaba a los promotores.
La medida pretende llegar a tiempo a 2020, cuando la Unión Europea se ha autoimpuesto alcanzar el 20% de eficiencia energética en su economía. El sector de la edificación es clave en este sentido, ya que se come el 60% del consumo de gas y luz en los Veintisiete. Para ese mismo año, el conjunto de los países miembros del club comunitario deberán haber alcanzado el 20% de energías renovables en su mix energético y reducir las emisiones de gas de efecto invernadero también en un 20%. Estos ambiciosos objetivos se crearon con la idea de reducir el impacto del cambio climático, en fulgurante ascenso debido a la actividad humana, según el consenso de los científicos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, dependiente de Naciones Unidas.
Los progresos para reducir la huella de carbono son lentos, pero están ahí. Las emisiones de gases de efecto invernadero en 15 países de la UE cayeron un 2,5% en 2011 respecto a 2010, según cálculos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. El nivel de emisiones se situó ese mismo año un 17,5% por debajo de los niveles de 1990, fecha de referencia para el cálculo de la huella de carbono.
Pasos para vender y comprar una vivienda verde:
- Información previa. El propietario deberá informarse del estado energético de su vivienda y asesorarse sobre la puntuación a la que puede aspirar antes de ponerla en venta o en alquiler. Aislamiento, iluminación natural y cerramientos contarán a partir del 1 de enero de 2013 para valorar una casa en el mercado. Por su parte, el inquilino o comprador deberá estar atento a estos aspectos para calcular lo que se ahorrará en las facturas de la luz.
- Coste. El propietario deberá abonar el coste del certificado energético, que fijará el propio mercado. En Italia, donde la medida ya está en vigor, el precio para una vivienda de 100 metros cuadrados es de unos 250 euros. Un segundo gasto tendrá que ver con las reparaciones que tenga que afrontar en caso de que su vivienda no sea bien valorada.
- Multa. El incumplimiento de la nueva norma por parte del propietario conlleva una sanción que podría llegar a 1.500 euros.
- Cálculo. La eficiencia energética de una vivienda se basará en un programa informático que mida el rendimiento de los pisos de acuerdo con la normativa que marque la Administración. l Exenciones. Solo quedan fuera de la nueva norma los edificios y monumentos protegidos, los lugares de culto o aquellos edificios que hayan sido objeto de un contrato de alquiler por una duración inferior a cuatro meses.
- Clasificación. Los edificios se valorarán como se hace ahora con los electrodomésticos, también sujetos a una escala de la A a la G.
- Duración. La etiqueta energética tendrá una validez máxima de 10 años, que deberá renovarse a partir de ese plazo con un nuevo estudio y reformas si fueran necesarias para adaptarse a las nuevas exigencias.
- Ahorro. Los edificios más eficientes reducen hasta en un 30% la factura de la luz respecto a los peor aislados. Comunidad. Los expertos recomiendan llevar a cabo un estudio de toda la comunidad de vecinos en su conjunto, para abaratar el coste de las posibles reparaciones que sean necesarias si la vivienda no cumple con los requisitos.
Oferta y demanda. El mercado de la vivienda contará a partir de 2013 con este nuevo factor de precio, obligatorio para el sector de la venta y del alquiler.
30% en la factura de la luz ahorra un piso más eficiente en el consumo de energía.
60% es el gasto energético que representa la vivienda respecto a todos los demás sectores de actividad.
2020 es el año que la Unión Europea se ha fijado como meta para alcanzar el 20% de eficiencia energética en su economía.
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